Corte pone lupa en justicia yucateca

RECIÉN ESTE LUNES comenzó en Mérida uno de los juicios más polémicos del estado en los últimos años: el proceso penal entre los empresarios Ermilo Castilla Roche y Fernando Ponce García.

En una decisión que ha generado amplio debate jurídico, el Tribunal Primero de Enjuiciamiento negó la excepción de prescripción solicitada por la defensa, lo que permitirá continuar un litigio que ya suma más de una década.

La defensa del acusado argumenta que el caso debió cerrarse de forma definitiva por haber prescrito.

Según su postura, la querella original fue presentada el 18 de septiembre de 2013, y con base en el artículo 121 del Código Penal de Yucatán, el plazo para ejercer acción penal habría vencido exactamente un año después: el 18 de septiembre de 2014.

Sin embargo, la carpeta fue reactivada hasta el 15 de junio de 2015, superando el plazo legal por más de ocho meses.

“El caso ya no tenía sustento legal para continuar. La reapertura fuera de tiempo viola garantías fundamentales”, afirmó uno de los abogados defensores.

Durante la primera audiencia, el querellante fue sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, donde se evidenciaron contradicciones respecto a temas clave, como la vigencia del poder notarial que amparó las operaciones inmobiliarias impugnadas.

Dicho mandato se encontraba plenamente vigente al momento de las transacciones y cuenta con respaldo en dos instrumentos notariales incluidos en el expediente.

En estados como Quintana Roo, que gobierna Mara Lezama, tribunales ya habrían reconocido la legalidad de dichas operaciones.

En Yucatán, sólo una de cada tres denuncias alcanza los tribunales y, cuando lo hace, el camino judicial puede tomar hasta cinco años, de acuerdo con datos del Inegi publicados en 2023.

El caso Castilla–Ponce ya superó los 10 años, lo que ha vuelto a encender los cuestionamientos públicos sobre la eficacia, imparcialidad y selectividad del sistema judicial yucateco.

Las audiencias en el estado que gobierna Joaquín Huacho Díaz continuarán toda la semana con la presentación de nuevos testigos y desahogo de pruebas documentales.

Mientras tanto, el caso sigue atrayendo la atención nacional y se perfila como un posible referente en el análisis del debido proceso en el país.

PUES NADA, QUE ayer el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Andrea Marván, retiró la discusión del expediente de la investigación del mercado de comercio electrónico, que tiene como principalísimos actores a Amazon, de Jeff Bezos, y Mercado Libre, de Marcos Galperin. Las diferencias entre los comisionados están a flor de piel. Unos quieren imponer medidas y aún entre ellos no hay acuerdo en cuáles, y otros quieren cerrar el caso. Ni se discutió informalmente el caso para ver cómo se encauza después. El punto es que ya se tienen los tiempos encima. El límite procedimental para notificar la resolución es la segunda mitad de septiembre. Pero antes tiene que hacerse el engrose, que puede cambiar de manera importante dependiendo de qué decidan, y la notificación misma, que requiere cuidado para que no se salgan del plazo y quede sin efecto para quien no fue notificado a tiempo. Si se calcula una semana para la notificación y dos o tres semanas para redactar la resolución (suelen tener 500 páginas o más), estamos hablando de una o dos semanas máximo para decidir. Todo sin considerar que la 4T puede nombrar en cualquier momento nuevos comisionados. El rumor es que el gobierno está pensando en  fines de agosto o principios de septiembre, para que empate con el inicio del periodo de sesiones del Senado que dejará Gerardo Fernández Noroña.

EN LA BOLSA Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría y preside Marcos Martínez, están a la espera de que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resuelva el caso de la desarrolladora de centros comerciales GICSA, que presuntamente falsificó un acta de Asamblea para convertirse en empresa pública. La firma de Elías Cababie Daniel pospuso para el 18 de agosto la reunión de tenedores de bonos, que se celebraría esta semana, en la que se pondría a discusión la estrategia para reestructurar los pasivos para dar tiempo a que los magistrados Alejandro Sánchez López, Gabriela Eleonora Cortés Araujo y, sobre todo, el ponente Óscar Magaña Barragán, definan la situación del expediente de Amparo 86/2025 para dar certidumbre a los inversionistas. Se sabe que el proyecto de sentencia fue ya elaborado por el secretario de Acuerdos del tribunal, Raymundo Édgar Ayala Castro, y que no deja muy bien parada a la empresa.

SOBRE LOS DOS grupos que claramente se han marcado en el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el identificado como los “duros”, con Lenia Batres a la cabeza, y el de los “moderados”, que otros vinculan a Yasmín Esquivel, empiezan a moverse y a cabildear entre los justiciables. El nombre del juego se llama recaudación fiscal. Los primeros, con sus bases y los grupos radicales de la izquierda, y los segundos, con el sector privado, las empresas nacionales y extranjeras y los hombres del dinero. El mensaje de los “duros” es “vamos con todo” contra los grandes contribuyentes que no pagan como debe de ser los impuestos. La señal de los “moderados” es “defendamos la estabilidad de los negocios” y las empresas que generan empleos y valor económico. Y es que más allá del litigio del SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino, contra el grupo de Ricardo Salinas Pliego, están los casos de cobros de IVA a Samsung, a las maquiladoras y a las aseguradoras, que involucran más de 134 mil millones de pesos y que ya no pudo resolver la Corte de Norma Piña.

EN ABRIL, JOHN Olson, Mike Wood, Donna Brewer, Stafford Burrowes y los fondos Cosmo Investments y AVRA Limitless tomaron el control de Dolphin Discovery, si no el principal, uno de los grandes operadores de acuarios y parques acuáticos con delfines del mundo. La empresa, con sede en Cancún, fue prácticamente construida por el empresario yucateco Eduardo Albor, quien en 30 años le dio el prestigio y la identidad a ese grupo que hoy da empleo a más de dos mil personas. El litigio, hasta donde se sabe, se llevó a Estados Unidos, porque aquí Prudential Insurance, uno de los acreedores que reclama 100 millones de dólares, echó abajo el concurso mercantil que el socio mexicano, que posee 1 por ciento del negocio, había iniciado. Se conoce que Albor va a presentar allá una demanda por daños y perjuicios contra la aseguradora que preside Andrew F. Sullivan.

POR DARÍO CELIS ESTRADA          

COLABORADOR          

@DARIOCELISE

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