Puerto Vallarta dejó de ser una postal turística, hoy es una “fortaleza estratégica” del Cártel Jalisco Nueva Generación, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aquí, la violencia armada se mezcla con un engranaje empresarial diseñado para estafar y enriquecer al crimen organizado.
El Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros sancionaron a cuatro hombres clave del CJNG en la región: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz Jr. Los tres primeros son parte del grupo de choque del cártel en Puerto Vallarta, responsables de asesinatos de rivales y políticos, armados con fusiles y drones explosivos. El cuarto, Ibarra -nativo de Puerto Vallarta-, es la pieza clave, empresario del sector turístico con más de 20 años en la venta y administración de tiempos compartidos, acusado de encabezar una red de 13 empresas utilizadas para defraudar a ciudadanos estadounidenses, sobre todo adultos mayores.
Desde 2012, el CJNG tomó el control del fraude de tiempo compartido en la zona. Con call centers atendidos por operadores que hablan inglés perfecto y acceso ilegal a bases de datos de propietarios, montaron un esquema que se presenta como una oportunidad de venta o renta, pero que en realidad exige pagos anticipados por “cuotas” e “impuestos” de transacciones que nunca se concretan. En muchos casos, las víctimas no solo pierden miles de dólares, sino que son revictimizadas por estafadores que se hacen pasar por abogados o funcionarios para cobrarles más, a cambio de supuestas recuperaciones.
De acuerdo con un documento del Departamento del Tesoro, las sanciones también incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones con 13 empresas de la red de Ibarra: inmobiliarias, agencias de viajes, operadoras turísticas y firmas contables. Todas, según el Tesoro, sirvieron para canalizar y blanquear los ingresos de este esquema que, sólo entre 2019 y 2023, le costó a más de 6 mil estadounidenses cerca de 300 millones de dólares.
Que Puerto Vallarta aparezca en un comunicado del Tesoro no es casualidad. Desde hace años, autoridades mexicanas y estadounidenses saben que aquí el CJNG no sólo descansa, administra negocios, planifica operaciones y se camufla entre turistas. Lo nuevo es que Estados Unidos está dispuesto a golpear no sólo a los sicarios, sino al músculo financiero y empresarial que les da oxígeno.
Vallarta sigue vendiendo atardeceres y cruceros, pero ahora carga con una etiqueta que ningún destino turístico quiere: la de “fortaleza estratégica” de un grupo criminal que mueve drogas con la misma disciplina con la que estafa desde oficinas con vista al mar.
Finalmente aquí cabe la pregunta incómoda: ¿Qué pasa con gobernadores y presidentes municipales que por años han dejado “pasar” este llamativo negocio? Hoy, ¿Luis Ernesto Munguía y Pablo Lemus no estaban enterados? Resulta casi imposible creer que, siendo la primera línea de contacto y tratándose de uno de los destinos turísticos más importantes del país, ignoren que su puerto es usado para lavar dinero, planear operaciones y defraudar a miles de personas. Si no lo saben, es una ceguera imperdonable; si lo saben y callan, es complicidad.
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EN CORTO.- Que como parte de los trabajos de cooperación entre México y Estados Unidos, el sobrevuelo de drones estadounidenses se replicará en otros municipios considerados focos rojos. Ayer, se dio a conocer que un MQ-9B SkyGuardian de la CBP sobrevoló durante casi dos horas Valle de Bravo, Temascaltepec y Tejupilco, Estado de México, a petición de nuestro gobierno, para llevar a cabo trabajos de investigación.
Nos vemos a las 8 por el 8 TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarciaMX
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